Estados Unidos advierte sobre restricciones de visas a todos los corruptos que atenten contra fiscales.

La nueva política es dirigida a actores que debiliten la democracia y trastornan la integridad e independencia judicial en Guatemala, El Salvador y Honduras.

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) anunció nuevas normas de restricción de visa para quienes participen en actos de corrupción y atenten contra la integridad e independencia del sector judicial y los fiscales anticorrupción.

El secretario de Estado, Antony Blinken, señaló que la política aplica para actores corruptos y antidemocráticos en los tres países. Añadió que será una medida adicional para combatir las causas de la migración irregular.

De acuerdo al Departamento de Estado, se implementarán restricciones de visas contempladas en la sección 212 (a) (3) (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que explica que extranjeros no son elegibles para visas o admisión. La sección incluye a personas por condenas por narcotráfico o prostitución, además de terroristas.

Se explica que se negará la visa estadounidense a responsables o cómplices de destruir la democracia o el Estado de derecho en las tres naciones. Esta disposición incluye actos de corrupción u obstrucción de procesos o instituciones democráticas, resaltando a quienes debiliten la independencia del sector judicial.

El régimen se aplicará a las personas señaladas por EE. UU. y se incluirá a los miembros de la familia.

“A fin de impulsar este combate a la corrupción, hoy anuncio una nueva política de restricción de visas bajo la Sección 212 (a) (3) (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad sobre la emisión de visas a funcionarios y exfuncionarios de Guatemala, Honduras o El Salvador. Funcionarios y otras personas que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia o el Estado de derecho.

Esto puede incluir actos de corrupción u obstrucción de procesos o instituciones democráticas, tales como subvertir la integridad e independencia del sector judicial y de los fiscales anticorrupción. A las personas designadas bajo esta política, incluidos los miembros de su familia, se les puede negar una visa”, señala Blinken en el comunicado.

La decisión de EE. UU. fue tomada como parte del esfuerzo para mejorar las condiciones políticas, económicas y de seguridad de los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Se resalta que en las naciones persiste “la mala gobernabilidad” que debilita los talentos y recursos.

“Con demasiada frecuencia, estas mejoras tropiezan con los obstáculos de la corrupción y la impunidad. Con estas restricciones, estamos enviando un mensaje claro de que aquellos que socavan la democracia o el Estado de derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador no son bienvenidos en Estados Unidos”, se lee en el comunicado.

Respuesta a destitución

La nueva política se da días después que el Departamento de Estado informó que detuvo el apoyo al Ministerio Público (MP) y perdió la confianza en la señora fiscal general, María Consuelo Porras por considerar que no es una aliada en la lucha contra la corrupción.

Para el exembajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland este es el comienzo de medidas concretas por parte de EE. UU. después de la destitución del extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.

Porras decidió el pasado viernes 23 de julio despedir a Sandoval.

McFarland explicó que existe una preocupación “enorme” de EE. UU. no solo por la ausencia de Sandoval sino por el mensaje que está enviando el MP y el Gobierno a los operadores de justicia en que su intención es despedir a quienes no estén alineados a sus intereses, además de deshacerse de las investigaciones contra la corrupción.

Continúa apoyo

El Departamento de Estado de EE. UU. mantiene la intención de apoyar a los ciudadanos, organizaciones y funcionarios de la región que están comprometidos con generar esperanza y oportunidades a los centroamericanos mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el Estado de derecho y la transparencia.

Destacan las declaraciones de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, quien manifestó que la debilidad de las instituciones democráticas, junto con una impunidad desenfrenada, han reducido la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y la independencia de los sistemas judiciales.

Fuente: Elpriodico.com.gt