La CC deniega amparo que la fiscal general Maria Consuelo Porras Argueta presentó por manifestaciones y ataques en redes sociales, Consuelo porras pretendía criminalizar a quienes son críticos de su mala gestión en el Ministerio Público y que se usara la violencia en contra de quienes ejercen su libre y soberano derecho a la protesta pidiendo su renuncia.
La jefa del MP había interpuesto un amparo en el que exigía que se garantizara la independencia de la institución, pedía uso de la fuerza pública ante manifestaciones en su contra y señalaba a personas que según ella la atacaban en redes sociales.
La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó el amparo provisional a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, el que había presentado para que se garantizara la independencia de la institución que dirige, en el que pedía uso de la fuerza pública ante las manifestaciones en su contra y en el que señalaba a personas y periodista que según ella la atacaban en redes sociales.
La resolución se dio este lunes 28 de agosto y está incluido en el expediente 4986-2022. El documento menciona que la CC, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, denegó el amparo provisional solicitado por la fiscal Consuelo Porras.
Además, se señala que se tienen como terceros interesados y, por lo tanto, como parte en el ese amparo a Fernando José Barillas Santa Cruz, Raúl Arturo Figueroa Sarti, Bernardo Silva Barrera, Saúl Isaí́ Interiano Ramírez, Pedro Rafael Maldonado Flores y al Procurador de los Derechos Humanos.
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Agrega que de los informes circunstanciados recibidos se concede audiencia a Porras, como solicitante del amparo y a los terceros interesados mencionados, por el término común de 48 horas.
Recordemos que Consuelo porras ha convertido a una institución que debe dedicarse a los procesos de investigación de crímenes, en una institución de caricatura, el 90% de los casos que lleva el Ministerio Público quedan sin resolver, un sistema de justicia agonizante, copado por sectores y actores corruptos y criminales que durante 70 años han tenido el poder político y económico en Guatemala, un sistema de Justicia que dejó de procurar justicia para el pueblo guatemalteco y que se dedica únicamente a conservar los privilegios de los grupos de intereses económicos creados.
