Allan Rodríguez explicó que jurídicamente no es posible aplicar la pena capital, sin embargo se buscará viabilizar este tipo de penas. Con la creciente ola de asesinatos en contra de niños y mujeres en Guatemala, especialmente con la crueldad con la que actúan los responsables, la sociedad exige la aplicación de la pena máxima para los autores de estos crímenes.

Sin embargo, pese a las múltiples solicitudes civiles al Congreso de la República y a opiniones encontradas de varios sectores, este jueves el presidente del Legislativo, Allan Rodríguez dio a conocer que de momento “No es jurídicamente viable aplicar la pena máxima en Guatemala”.

 La reavivación del tema vino de la mano con el reciente asesinato de Sharon Figueroa Arriaza de 8 años, quien fue asfixiada entre el martes y miércoles en Melchor de Mencos en Petén.  La indignación de la población buscaba linchar a la presunta responsable, sin embargo las autoridades evitaron que esto sucediera, por lo que terminaron incendiando su vivienda.

¿Porqué la aplicación de pena de muerte sería un escabroso y difícil camino?

En el 2017 la Corte de Constitucionalidad (CC) mediante el expediente 5986-2016 declaró inconstitucional la aplicación de la pena de muerte. En ese entonces se excluyeron varios delitos que aplicaban para la pena capital.

Aunado a ello, a nivel internacional, Guatemala es signataria de las principales convenciones en materia de derechos humanos.

Es decir la ratificación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos a partir de 1978 prohíbe al Estado la aplicación de la pena de muerte.

En síntesis, buscar reactivar la máxima pena sería un tema que abarcaría acciones de ordenamiento jurídico a nivel internacional y no solo dentro de las fronteras del país. Expertos en materia legal aseguran que esto podría traer consecuencias negativas para el país, además de que llevaría mucho tiempo en concretarse.

¿El que a hierro mata, a hierro muere?

De acuerdo a grupos internacional de Derechos Humanos, la pena capital consiste en un homicidio premeditado de un ser humano, en donde el responsable sería el Estado. Esto tomando como base la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero la mayoría de la población no lo ve así, tomando en consideración que una persona o un grupo de individuos le arrebataron la vida de la manera más cruel a un menor de edad, una mujer o un hombre.  Sin embargo, los profesionales del derecho aseguran, que las leyes y el sistema judicial de un país deben ser pronta y cumplida para sentar precedentes.

Aunado a ello se debe trabajar en temas de prevención y otros aspectos integrales que conllevan a registrar homicidios en contra de niños, niñas y adolescentes, al igual que femicidios y homicidios generales.